Bailar siempre ha sido, para mí, mucho más que moverse al ritmo de una canción. Durante los últimos ocho años he dirigido un grupo de danza urbana en Puerto Tejada, y desde ahí he visto cómo la danza se convierte en refugio, en oportunidad y en herramienta de vida. Para muchos jóvenes, ese espacio ha sido un lugar seguro frente a las violencias que atraviesan sus territorios, pero también una forma de generar ingresos, de sostenerse emocionalmente y de imaginar futuros distintos.

Desde esa experiencia (y también desde lo que he vivido viajando al exterior) hay algo que no puedo dejar de señalar: el sueño de bailar fuera del país no siempre es lo que parece.

En Colombia, especialmente en ciudades como Cali, Puerto Tejada,  Buenaventura o Tumaco, bailar es una salida. Es una forma de demostrar que sí se puede crecer, que hay otros caminos posibles. Por eso no es raro que muchos jóvenes vean en oportunidades internacionales una posibilidad real de cambio. Países como Turquía, por ejemplo, se han vuelto destinos frecuentes para bailarines colombianos, con ofertas que prometen estabilidad, buenos pagos y mejores condiciones de vida.

Pero el problema empieza cuando esa promesa no se cumple.

A lo largo de estos años he conocido, de primera mano, historias de bailarines que llegan al exterior y se encuentran con condiciones muy distintas: viviendas precarias, mala alimentación, ausencia de seguro médico y pagos que se retrasan o no llegan. En muchos casos, hay intermediarios o empresas que operan sin garantías claras, aprovechándose de la necesidad y del sueño de quienes quieren salir adelante.

Y hay algo que me inquieta aún más: cómo esas situaciones se terminan normalizando. Muchos jóvenes aceptan estas condiciones porque sienten que, a pesar de todo, siguen estando mejor que en sus lugares de origen. Es ahí donde lo injusto se vuelve cotidiano.

Para mí, esto no se puede entender sin hablar de clase. La mayoría de estos bailarines viene de contextos donde el acceso a información sobre contratos, derechos laborales o rutas de protección es muy limitado. No todos viajan con las mismas herramientas ni con las mismas posibilidades de exigir. Y entonces pasa algo muy duro: el talento colombiano, tan valorado en el escenario, termina siendo precarizado fuera de él.

Esto también habla de cómo funcionan nuestras industrias creativas y culturales cuando salen al exterior. Se celebra la energía, la estética, la “diversidad” de los cuerpos en escena, pero no siempre se garantizan condiciones dignas detrás. Se exporta el talento, pero no se exportan los derechos.

Por eso creo que hay una responsabilidad urgente en cómo nos estamos formando como artistas. No basta con entrenar el cuerpo: también necesitamos herramientas para defendernos. Entender contratos, investigar a quienes nos contratan, exigir claridad y reconocer que, incluso fuera del país, tenemos derechos.

Yo sigo creyendo en el poder de la danza. Lo veo todos los días en Puerto Tejada, en esos espacios que hemos construido para resistir, para cuidarnos y para crecer. También creo que es posible viajar, conocer el mundo y vivir del arte.

Pero hay una pregunta que no podemos seguir evitando: ¿vale todo con tal de lograrlo?

Bailar lejos, sí. Pero nunca a costa de la dignidad.